SAN JUAN (CyberNews)- El secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Osvaldo Soto, anunció el sábado que los laboratorios privados Boniquen, Quest y Toledo realizarán pruebas de COVID-19.
“Estos laboratorios ya están trabajando sus pruebas y estarán disponibles de manera privada junto con el gobierno haremos esfuerzos regionales para establecer unos lugares con el Negociado de Manejo de Emergencias y la Guardia Nacional para tomar esas pruebas”, dijo Soto en conferencia de prensa.
“Pero eso va a tener una especificidad, no va a ser para todo el mundo. Va a ser por orden médica. ¿Y por qué no a todo el mundo? Pues sencillamente no queremos atestar los laboratorios clínicos con personas que pudieran tener el COVID-19. Porque pudiéramos contagiar a esas personas y queremos que sea un médico el que haga esa evaluación y que determine que sea esa persona la que se le pueda hacer la prueba de manera rápida y ser efectivo”, añadió.
Soto mencionó además que se enmendó el protocolo de envió de resultados de pruebas al Departamento de Salud.
“Hasta el día de hoy, todos los laboratorios clínicos en Puerto Rico, enviaban sus pruebas a través de un fax al Departamento de Salud. La gobernadora ha dado instrucciones en el día de hoy, para que eso quede en el pasado y que se comience a enviar todos los resultados de pruebas de todo tipo a través de correo electrónico”, expresó.
También, se aprobó una dispensa de responsabilidad para los tecnólogos médicos, personal médico y enfermeros que trabajan en estos laboratorios.
Soto mencionó que se mantiene la orden sobre los barcos de carga. Los mismos pueden atracar pero la tripulación no se puede bajar.
“La carga si seguirá llegando a todos los puntos de Puerto Rico”, mencionó el secretario de Asuntos Públicos, para despejar dudas sobre los abastos.
De otra parte, mencionó que la Junta de Control Fiscal (JCF) asigno 160 millones para atender el coronavirus. Pero están en disyuntiva sobre los 50 millones que fueron asignados para las demoliciones en los municipios afectados por los terremotos del sur, suroeste.
“Nosotros vamos a continuar ese dialogo para que esos 50 millones se mantengan, conjunto a los 160 millones que se han asignado para esta otra emergencia”, sostuvo.
El secretario de Asuntos Públicos detalló que los jefes de agencia realizan una evaluación de empleados, para determinar cuáles son esenciales y cuales podrán permanecer en sus hogares, durante el periodo de cierre.
“Cada empleado público tiene que comunicarse con su supervisor, para que este le indique si su trabajo va a constituir uno esencial o no”, declaró.
Los servicios en los Centros de Servicios al Conductor (CESCO) permanecerán cerrados.
En cuanto al Departamento de Corrección y Rehabilitación, se cancelan las visitas y las salidas de los confinados, excepto para asuntos judiciales.
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